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Seguridad

¿SERÁ LA MANO DURA LA SOLUCIÓN A LA INSEGURIDAD?

¿SERÁ LA MANO DURA LA SOLUCIÓN A LA INSEGURIDAD?
Por: Códice

Solemos pensar que, para reducir el crimen, es necesario poner mano dura. Cuando aumentan los crímenes y la delincuencia, pedimos a gritos que se aumenten los castigos y el número de personas en la cárcel: “¡Ahí deben de estar!”, “¡Se lo merecen!” “¡Para que aprendan!” son los argumentos que a menudo damos.  Pero ¿qué pasaría si te dijéramos que cuando la solución al aumento en crímenes es el incremento en detenciones y el rigor de los castigos, la seguridad no necesariamente aumenta? Contrario a lo que pensamos, imponer más castigos y más rigor en las leyes no siempre está relacionado con una disminución del crimen. Al contrario, en muchas ocasiones estas políticas pueden generar el efecto opuesto e incluso incrementar los niveles delictivos.1

Sin embargo, las soluciones simples y con supuestos efectos positivos inmediatos como el aumento en los castigos, mandar al ejército a las calles, aumentar los delitos que requieren prisión preventiva2 y 3o la pena de muerte son muy atractivas para la ciudadanía. A este tipo de soluciones se les conoce como populismo penal;4 se trata de soluciones adoptadas por políticos argumentando que representan la voluntad del pueblo, aunque en el largo plazo resultan contrarias a lo que se buscaba solucionar o no son tan efectivas. Lamentablemente, la realidad a la que nos enfrentamos en los temas de violencia e inseguridad es mucho más compleja y requiere de soluciones más profundas.5

 

Los riesgos de usar mano dura

Si bien las medidas de populismo penal pueden dar la impresión de generar un impacto positivo, en sistemas de justicia desiguales y donde no siempre impera la justicia, su implementación tiene varios riesgos.

Por ejemplo, al establecer el número de detenidos como el principal indicador de éxito del sistema de justicia, las autoridades se enfocan en responsabilizar a alguien independientemente de si se cuenta con las pruebas suficientes o no para declararlo culpable, realizando así detenciones arbitrarias de ciudadanas o ciudadanos con tal de generar la imagen de que se está combatiendo al crimen. Estas detenciones pueden ser también producto de la imposición de “cuotas de detención” a las y los policías6 que traen como consecuencia en muchos casos la fabricación de culpables.7 Ambas situaciones se han documentado ampliamente en nuestro país. Hasta el día de hoy, lo que muchas veces sucede con esta medida es que se llenan las cárceles de personas inocentes y, por lo general, los más perjudicados son las personas de bajos recursos8 que no cuentan con lo suficiente  para hacer frente a estas injusticias.9

De la misma forma, cuando se tiene un sistema de justicia ineficiente – como es el caso del mexicano – la probabilidad de que se aplique la justicia sobre un delincuente es muy baja. Cuando se aumentan las penas por un delito, se cree que esto desincentivará a los criminales, haciendo que lo piensen dos veces antes de delinquir. No obstante, los delincuentes también son conscientes de que la probabilidad de ser atrapados y cumplir su condena es baja, ya sea por la poca capacidad del sistema de justicia o la corrupción, por lo que la gravedad de las penas pierde valor. Además, el aumento de penas agrava el daño a las personas que son encarceladas injustamente, pues el periodo que pasan tras las rejas es todavía mayor.

Todas estas soluciones de populismo penal generan una falsa sensación de seguridad entre la ciudadanía a costa de los derechos y libertad de algunos individuos. En ocasiones, pueden contribuir a que el ya saturado sistema de justicia,10 se sature aún más, siendo más perjudiciales de lo que se esperaba. Además, al pensar que estas soluciones son suficientes para reducir los crímenes y tener un país seguro, se están dejando de lado soluciones de fondo para construir un sistema que efectivamente castigue a los culpables y prevenga los crímenes.11

 

El sistema penitenciario en México

Antes del 2015, nuestro país se encontraba en la lista de los 10 países con mayor número de personas encarceladas.12 Desde el 2015 y hasta finales de 2019, la ocupación penitenciaria en México había ido disminuyendo; sin embargo, seguimos encontrando cárceles sobrepobladas que conducen al hacinamiento y a condiciones de vida denigrantes13 que afectan la dignidad humana.14

La situación de las cárceles en nuestro país, lejos de hacerle honor a su objetivo15 y a sus nombres como Centros de Reinserción Social, tienden a funcionar de manera contraria. Las cárceles se han convertido en espacios favorables para el crecimiento de la delincuencia, fomentando la participación de los internos en actos delictivos tanto dentro de ellas como una vez afuera.  Coloquialmente se les conoce como escuelas del crimen y la preocupación surge de las condiciones a las que se les somete a quienes viven en ellas. Tampoco se pone énfasis en que los reclusos accedan a la educación o a la formación profesional como un apoyo para que, al cumplir sus condenas, puedan elegir un camino dentro de la ley. Al contrario, se estima que el control del 65% de las cárceles está en manos de la delincuencia organizada;16 por lo tanto, una vez fuera algunos vuelven a delinquir y repiten algunas de las prácticas que aprendieron en esos centros.17

En cifras, los estados con mayor proporción de personas privadas de la libertad son: Baja California, Ciudad de México, Colima, Sonora y Chihuahua, los cuales concentran más del 50% de esta población. En total en México existen 155,400 personas privadas de la libertad, de las cuales 94% son hombres.18

 

Prisión preventiva

Al igual que el aumento de penas y las detenciones, ampliar el catálogo de los delitos que requieren prisión preventiva19 y 20 pudiera parecer una solución lógica al problema de la inseguridad en el país; sin embargo, repercute en una mayor cantidad de personas que están privadas de la libertad y sin fecha de juicio independientemente de si son culpables o no. La prisión preventiva debe tener una duración de dos años como máximo (tiempo en el que se debería de definir la culpabilidad o inocencia del detenido) y esta solo aplica para ciertos delitos que se conocen como delitos graves (homicidio doloso, violación, delitos contra la salud y huachicoleo, por ejemplo)21;22 a pesar de esto, en México su duración llega a ser indefinida.23

Esta medida atenta contra el derecho de libertad personal24 de las y los ciudadanos por dos principales razones: su efectividad no ha sido comprobada25 y, por lo tanto, muchas personas se encuentran privadas de la libertad sin  que se haya demostrado su culpabilidad; y según el derecho internacional, esta medida es excepcional y es justificable solo si se da una revisión particular cada caso.26 Es decir, no debería haber un catálogo de delitos y basarse en ellos para determinar la prisión preventiva sino hacer un análisis por cada caso y determinar si realmente se requiere o no. Sumando a la privación de la libertad injustificada la situación de las cárceles en México y sus comunes fallas, los derechos humanos de estos ciudadanos pasan a segundo plano y no son respetados.

Las personas que, como medida preventiva, han sido privadas de su libertad corresponden a 40% de la población recluida a nivel nacional. También hay casos como los estados de Michoacán y Tlaxcala en donde la población en espera de sentencia excede el 60%.27 En otras palabras, son personas que no han sido declaradas culpables y, sin embargo, están en la cárcel y podrían permanecer ahí de manera indefinida.

 

¿Se necesita pena de muerte para disminuir la delincuencia?

La pena de muerte es una de las medidas de mano dura que trae consigo el populismo penal.28 En México, oficialmente se abolió la pena de muerte de la Constitución y de la justicia militar en el 2005,29 aunque los registros de la última ejecución por parte del Estado fueron en 1961.30 Actualmente, los tratados internacionales firmados por nuestro país impiden que se pueda aplicar esta medida ya que va en contra de los derechos humanos. La pena de muerte atenta principalmente contra el derecho a la vida y del derecho a no sufrir tortura ni tratos o penas crueles los cuales forman parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.31

A pesar de que en México no se aplica la pena de muerte, hay países en los que sí, como Estados Unidos y Japón. Se cree que la pena de muerte puede desincentivar la comisión de crímenes violentos. No obstante, la realidad es que no hay evidencia que respalde estas afirmaciones.32 También se cree que si se aboliera esta pena la tasa delictiva aumentaría; empero, existen casos en los que una vez derogada esta sanción el crimen disminuye.33 Además, implementar la pena de muerte involucra riesgos, sobre todo en sistemas judiciales débiles en los que no siempre se castiga a los culpables, como ocurre en el caso de México. El riesgo mayor es equivocarse en la investigación y sentenciar a una persona inocente, situación que no tiene vuelta atrás.  En este sentido, dada la evidencia mundial, la pena de muerte aparece como una medida de dudosa efectividad y con muchos riesgos.

 

¿Qué hacer?

Para que nuestra sociedad mejore, es preciso que nuestros gobernantes abandonen las medidas de populismo penal que, como hemos visto, no cuenta con evidencias de que tenga un impacto positivo en la población, ni de que realmente reduzca los crímenes. Lo que se necesita en México es un sistema de justicia eficiente e inclusivo en el que no haya discriminación hacia los ciudadanos y ciudadanas.34 El sistema penal no se debe modificar buscando  soluciones inmediatas; por el contrario, es preciso fortalecer las instituciones que se dedican a la impartición de justicia y mirar al largo plazo.35 Esta visión debe incluir un mejor entrenamiento de los policías para que cumplan con el debido proceso y no violen los derechos humanos de la ciudadanía; ampliar la capacidad institucional porque el actual sistema está rebasado y, en estas condiciones, sólo perpetúa las deficiencias y atenta contra los derechos humanos; trabajar para que los objetivos de los centros penitenciarios se cumplan y realmente readapten a las personas privadas de la libertad, en lugar de permitir que la delincuencia aumente y, la más importante, se debe dejar de buscar popularidad política con medidas que no se puede asegurar que funcionen.

Mientras tanto, nosotros como ciudadanía debemos informarnos mejor para poder exigir soluciones de fondo, no aceptar aquellas que ya se ha demostrado que por sí solas no funcionan. Debemos solicitar políticas elaboradas de acuerdo con la situación y demandar justicia para todas y todos sin importar de dónde vengan. Necesitamos ser conscientes de lo que nos hace daño como sociedad y de lo que en verdad necesitamos; podemos empezar realizando las denuncias de los delitos que sufrimos. La situación exige un enfoque diferente en el que se aborde el sistema de justicia desde la complejidad que implica. 

Solamente cuando tengamos un sistema de justicia igualitario, transparente, eficiente y justo, sumado a centros de reinserción social que cumplan su función, las medidas como la prisión preventiva o la dureza de las penas tendrán los efectos esperados sobre los niveles de delincuencia.

Códice.

 


 

[1] PNUD (2012) Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina

[2] Esta se refiere a mantener a los presuntos culpables detenidos en lo que se construye la investigación y así evitar que se escapen antes del juicio y darle protección a las víctimas.  

[3] Animal Político (2020) Populismo penal: la injusticia perpetua

[4] LJA (s. f. ) Populismo penal: más aterrador que lo que dijo la ONU

[5] BBC (2018? ¿Qué significa exactamente el término populismo, que se usa tanto para describir a Donald Trump como al fallecido Hugo Chávez?

[6] Excelsior (2019) Policías denuncian que les piden cuotas

[7] Mexicanos contra la corrupción (2019) Edomex: Fabricación de culpables

[8] Ver sistema mexicano de injusticia. Códice

[9] Animal Político (2019) La fabricación de culpables en México

[10] El Heraldo (2019) Saturado el sistema penal: ASF

[11] Por ejemplo, dotar con más recursos a las policías, dar capacitación para mejorar las investigaciones, entre otras muchas medidas urgentes.

[12] El Economista (2017) Los 10 países con más personas encarceladas

[13] Problemas en las cárceles nota códice

[14] Cámara de diputados (2020) Delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en México

[15] El objetivo del sistema de ejecución de sanciones es la “readaptación social del delincuente”, con la intención de lograr la reinserción del sentenciado y que no vuelva a delinquir. Cámara de diputados (2017) Los centros penitenciarios en México ¿centros de adaptación o escuelas del crimen?

[16] CESOP (2017) Los centros penitenciarios en México ¿centros de adaptación o escuelas del crimen?

[17] El INEGI estima que el porcentaje de personas que salen y vuelven a delinquir es aproximadamente del 20%

[18] Este dato varía a lo largo del año dependiendo de los ingresos y egresos y corresponde al cierre de 2019.

[19] Es una medida que busca detener a una persona en la cárcel por haber cometido un delito grave hasta que su juicio se lleva a cabo y se emite la sentencia.

[20] Recientemente (2020) ambas Cámaras del Congreso aprobaron una reforma en la que se amplía la lista de delitos considerados como graves, se incluyeron: feminicidio, corrupción, huachicoleo, entre otros.

[21] CESOP (2020) Delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en México

[22] Nexos (2020) La Suprema Corte y su decisión a favor de una prisión preventiva sin límites

[23] La delincuencia organizada, delitos contra la salud

[24] ONU (s. f. ) Observaciones de la ONU-DH sobre la regulación de la prisión preventiva oficiosa

[25] Nexos (2020) Prisión preventiva oficiosa: contraria a derechos, ineficaz y costosa.

[26] Nexos (2020) Prisión preventiva oficiosa: contraria a derechos, ineficaz y costosa

[27] INEGI. (2020) Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020. Tabulados básicos

[28] UNAM (s.f. ) Los derechos humanos y la pena de muerte

[29] El País (2005) México elimina la pena de muerte de la constitución y de la justicia militar

[30] CNDH (2018) Compilación de Instrumentos Internacionales y jurisprudencia sobre pena de muerte

[31] Amnistía Internacional (2018) Pena de muerte

[32] Amnesty International (2020) The death penalty: your questions answered

[33] DPIC (2019) Study: Internationas Data Shows Declining Murder Rates After Abolition of Death Penalty

[34] IMCO (2020) México: poca justicia, mucha desigualdad

[35] México Evalúa (2018) Lo agarras y ya no sale, si es inocente luego investigamos

diciembre 28, 2020
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