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Estado de Derecho

LA PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN MÉXICO: TEORÍA VS REALIDAD

LA PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN MÉXICO: TEORÍA VS REALIDAD
Por: Códice

Contar con un sistema de justicia bien capacitado, competente, eficiente y que resuelva casos de manera equitativa, es esencial para disminuir los niveles de impunidad1 y lograr la pacificación del país. En México, estamos muy lejos de cumplir con todas estas cualidades en nuestro sistema de justicia;2 se requieren varios cambios para lograrlo. Pero, ¿qué cambios podrían tener mayor efecto en la prevención y resolución de delitos? ¿De qué manera podemos lograr que nuestro sistema de justicia garantice el Estado de Derecho? En primer lugar, creemos que para lograrlo necesitamos que tanto quienes trabajan en la función pública como la ciudadanía conozcamos y entendamos de manera clara cómo funciona y cómo debería funcionar nuestro sistema de justicia. Por tanto, en este artículo explicamos, de manera muy breve, las funciones básicas de dicho sistema, y ejemplificamos algunas de sus fallas.

Para fines didácticos, podemos decir que nuestro sistema de justicia tiene dos grandes objetivos: procuración de justicia por un lado y su impartición o administración por el otro. Pero, ¿qué implica cada una de ellas? La procuración de justicia se puede entender como las acciones que realiza el Estado para garantizar que se cumpla la ley y el respeto a los derechos humanos de las personas, mediante la persecución o investigación de los delitos y la búsqueda de imposición de un castigo a quien lo comete de acuerdo a lo establecido por la ley.3

Por otro lado, en la impartición o administración de justicia, el estado – a través del poder judicial – se encarga de aplicar las leyes, resolver las controversias que surjan entre particulares y resolver conflictos entre autoridades4 vigilando siempre el cumplimiento de la Constitución y las leyes, con el objetivo de garantizar la paz y la seguridad a la ciudadanía.

Así pues, por un lado, el poder judicial en México está integrado por un conjunto de tribunales – incluyendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito – y órganos encargados de impartir justicia, tanto a nivel local (en los 32 estados), como a nivel federal.5 El órgano máximo es la Suprema Corte de Justicia, y los juzgados de distrito son el órgano jurisdiccional de menor rango.6 Los juzgados trabajan para resolver y dictar sentencia a los casos presentados por las fiscalías. El poder judicial debe procurar el respeto a las leyes y evitar que se violen los derechos humanos, buscando siempre el bienestar de todas las personas.7

Por otro lado, la Fiscalía General de Justicia ya sea de la República o de los Estados (antes Procuradurías o Ministerios Públicos8) – y sus auxiliares – son las instituciones encargadas de procurar justicia, tanto en el orden federal como en el estatal.9 La Fiscalía General de la República tiene la función de “investigar los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; fortalecer el Estado de Derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general;10 A ella y las fiscalías estatales les corresponde solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados, buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos (los inculpados), hacer que se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita, pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los asuntos que la ley determine.11 Para la realización de estas tareas, se apoya en la Policía de Investigación y los peritos especializados. Las fiscalías no realizan funciones de prevención, como lo hacen las policías federales, locales y estatales, y tampoco producen normas, sino que se deben de encargar de crear mecanismos, protocolos y controles para asegurar que el esclarecimiento de delitos se haga de manera eficaz y eficiente. Además, deben de establecer protocolos que aseguren el respeto de los Derechos Humanos, tanto de víctimas como de acusados.12

De esta manera, para garantizar el acceso a la justicia, las instituciones encargadas de su procuración e impartición deberían intervenir en el proceso como se describe – de manera muy simplificada – a continuación:

1) En la primera etapa, como se muestra en el cuadro, interviene únicamente la fiscalía o MP y sus instituciones auxiliares (la policía de investigación13 y los peritos especializados).14 y 15 En esta etapa, se recibe la denuncia del delito y la fiscalía se encarga de coordinar la investigación del caso.

2) Durante la segunda etapa, como se expone en el cuadro, el Ministerio Público trabaja en conjunto con jueces y tribunales para la resolución y administración de justicia según el caso.

CUADRO: El proceso de justicia en 10 pasos