HABLEMOS DE ECONOMÍA Y SEGURIDAD

Vivimos una crisis de inseguridad que ha abatido a México por años. En la búsqueda de soluciones se han analizado múltiples variables sin generar muchos avances. Sin embargo, poco se han examinado las políticas económicas en este sentido. Aunque todavía se debate cuál es el verdadero efecto de esta relación, es indiscutible que la asignación de recursos, las políticas fiscales y monetarias afectan el bienestar social. Es decir, los gobiernos tienen la capacidad de tomar decisiones económicas que afectan directa o indirectamente los mercados de trabajo, la desigualdad, la pobreza y, por consecuencia, la seguridad.

En Códice creemos que la seguridad es una de las grandes promesas fallidas del gobierno con la sociedad. A todes nos gustaría tener un país más seguro y, para lograrlo, necesitamos que se impulsen estrategias más efectivas. Sin duda, el problema de seguridad es complejo y responde a múltiples causalidades. Sin embargo, creemos que las políticas económicas enfocadas a disminuir la inseguridad económica es uno de los elementos clave para reducir la inseguridad pública y es un tema que se está dejando de lado.

1. Con peras y manzanas ¿por qué importan las políticas económicas?

Los gobiernos tienen la capacidad de tomar decisiones que afectan  los mercados de intercambio de bienes y servicios, el empleo, los precios, la distribución del ingreso y en general todas las transacciones comerciales realizadas entre los actores económicos de un país. Estas decisiones se llaman políticas económicas, que incluyen  políticas monetarias (billetes y monedas en circulación y tasas de interés) y fiscales (impuestos y gasto público). Además, los gobiernos pueden elegir cómo repartir los recursos que tienen, por ejemplo, destinandolos a programas sociales o a la seguridad pública. Es por ello que la economía puede ser usada también como instrumento político de control social o desarrollo. En teoría, los gobiernos deberían actuar para generar bienestar en la sociedad por lo que, el plan económico y de desarrollo de cada gobierno debería incluir políticas  que contribuyan a garantizar la seguridad  en el país.

Si bien es cierto que la inseguridad es resultado de múltiples problemas estructurales y sociales, las políticas económicas son un factor determinante que conviene revisar. Pensemos en el efecto que tienen los cambios económicos en nuestras vidas diarias. Cuando no hay empleos o salarios dignos, muchas personas pueden verse orilladas a la criminalidad. Asimismo, cuando pocos recursos se destinan a reducir la desigualdad o a mejorar las condiciones de ciudades con altas tasas de delincuencia, la inseguridad se exacerba. Por otra parte, cuando el gobierno logra mantener la estabilidad de los precios, genera incentivos al empleo y exige mejores condiciones laborales a las empresas, los salarios rinden más y se crean más y mejores empleos, reduciendo los incentivos al crimen. Es por esto que las políticas económicas tienen un doble rol, ya que pueden ser las que, de manera directa o indirecta, ocasionan mayor o menor inseguridad.

Algunos/as investigadores consideran que las políticas económicas actuales no abonan a mejorar el bienestar social y, por ende, tampoco incrementan la seguridad en el país. Se cuestiona si la política económica de estabilidad (disciplina fiscal y estabilidad en el tipo de cambio para mantener baja la inflación, o aumentos en los precios de los bienes y servicios) y restricción del gasto público han ocasionado menor crecimiento económico, generación de empleos y menor satisfacción de las demandas nacionales.¹ Los datos oficiales parecen confirmar estas alegaciones; hasta antes de la pandemia por COVID-19, durante las últimas décadas, el crecimiento promedio del Producto Interno Nacional (PIB) había sido 2%² y el desempleo había afectado a alrededor de 2 millones de personas.³

Una de las críticas al sistema económico mexicano actual sostiene que para contener la inflación (aumento generalizado y sostenido del precio de los bienes y servicios) se han mantenido altas tasas de interés, dañando el acceso de productores nacionales a financiamiento, ocasionando que no puedan mejorar su productividad y que la competitividad de la producción nacional no pueda hacer frente a las importaciones. Para mejorar las condiciones del país una de las recomendaciones es cambiar la política económica, es decir, asignar el objetivo de crear mejores condiciones para las empresas nacionales y sus empleados/as. ⁴

Si todas las personas actuamos como tomadoras de decisión, es trabajo del gobierno   -a través de mejores condiciones económicas- facilitar la decisión de actuar en la legalidad en vez de elegir la criminalidad. En pocas palabras, el gobierno debe garantizar la seguridad económica de las personas para incrementar el bienestar social y, como consecuencia, reducir la inseguridad.⁵

1. Seguridad económica y seguridad pública

Según el consenso sobre el estudio de seguridad pública, la causa fundamental de la inseguridad es la desigualdad.⁶ Es decir, la disparidad en los ingresos y las diferencias de acceso y satisfacción de necesidades básicas genera inseguridad. Por ello, no extraña que México sea uno de los países más inseguros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ya que también es el tercer país más desigual de la misma organización.⁷

Es por esto que es importante cerrar las brechas de desigualdad existentes entre la población, iniciando por garantizar la seguridad económica (la capacidad de satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación, vestido, vivienda y servicios médicos, de manera sostenible y con dignidad). Para lograrlo, las políticas sociales deben ir acompañadas de buenas políticas económicas. Es decir, al mismo tiempo que se mejora la cobertura y calidad de los servicios de salud y educación también se deben mejorar las condiciones del mercado laboral.

Si bien las políticas sociales y económicas van de la mano y se refuerzan, podemos destacar algunas medidas estrictamente económicas para mejorar el mercado de trabajo: i) incrementar el número de empleos formales, ya que actualmente una de cada dos personas en México tiene un empleo informal y carecen de ingresos estables y seguridad social (IMSS y pensión),⁸ ii) reducir las brechas salariales existentes entre hombres y mujeres, incentivando una mayor participación femenina en la economía; en México la brecha salarial es de 18%,⁹ iii) implementar los ingresos mínimos garantizados, para que incluso cuando el mercado de trabajo no pueda proporcionar los empleos necesarios o no genere empleos bien remunerados las personas no sufran inseguridad económica.¹⁰

Además de las medidas de carácter macroeconómico (economía nacional) que se necesitan aplicar para atender la inseguridad también existen medidas a nivel micro (individual o locales) que se pueden implementar para disminuir los niveles de inseguridad en las comunidades. Ejemplo de ello son los casos de estudio presentados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

1. Caso: Barrios mejorados

¿Qué hacemos para prevenir la inseguridad? Esa es la pregunta que nos invita a responder el BID. En su opinión, “las políticas enfocadas solo en la sanción y control de la inseguridad son ineficientes, se necesitan medidas complementarias de prevención”. Es por esto que, entre 2014 y 2017 realizó proyectos para mejorar la infraestructura básica y servicios urbanos, brindar capacitaciones laborales y atención a grupos vulnerables en algunos barrios afectados por la inseguridad de seis países latinoamericanos.¹¹

En el caso de México el BID realizó intervenciones para atender lo siguiente:

• Factores físicos: recuperar los espacios públicos, hacer que las personas tengan confianza y los usen.
• Factores sociales: atender la problemática del acceso y permanencia en la educación. Atender la inseguridad que perciben las mujeres y la inseguridad en las calles y en el transporte.
• Factores institucionales: mejorar la confianza en las instituciones públicas (especialmente en la policía). Afrontar la aceptación de la violencia y discriminación de los habitantes.

Aunque estas conclusiones corresponden al caso específico de la colonia Antonio Barona en Cuernavaca, Morelos, el BID reconoce que son medidas que podrían aplicarse en todo el país. Si queremos mejorar la seguridad tenemos que atender factores institucionales, físicos y sociales a nivel micro, desde nuestras colonias, hasta alcanzar condiciones generalizadas de seguridad en el país.

Pensemos fuera de la caja

Para resolver un problema tan complejo como la inseguridad debemos prestar atención a factores diversos, como las políticas económicas. La inseguridad responde directamente a la desigualdad ocasionada por las condiciones deficientes del mercado laboral, los servicios de salud y educación. Necesitamos políticas económicas y sociales que vayan de la mano enfocadas en reducir la inseguridad económica y la inseguridad pública. Desde todos los niveles, macro y micro, busquemos soluciones en el aspecto económico que puedan ayudarnos a mejorar la seguridad. Atrevámonos a pensar fuera de la caja y trabajemos para tener un país más seguro.