EL CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO Y LA NUEVA REFORMA ENERGÉTICA

El cambio climático representa uno de los mayores desafíos en la historia de la humanidad, y México ya padece sus afectaciones. Más aún, hasta el momento no hemos implementado las medidas suficientes para  disminuir los riesgos y contrarrestar sus consecuencias. Y las consecuencias no están en un futuro distante, sino ahora entre nosotros y nosotras: se estima que para 2039 la temperatura en el país llegue a aumentar hasta 2°C, agravando los costos económicos y sociales para toda la ciudadanía.¹

Durante las próximas semanas se discutirá una iniciativa legislativa que resulta de la mayor importancia para las presentes y futuras generaciones de mexicanas y mexicanos: la reforma energética. Más allá de sus detalles técnicos, lo que nos interesa en este artículo son las repercusiones que esta tendrá para el medio ambiente. Cabe destacar que la política ambiental actual no contempla medidas sustanciales para combatir el cambio climático, lo cual se verá agravado por una política energética que favorecerá el uso de energías fósiles. Ambas políticas nacionales - la ambiental y energética - parecen ir en contra de las políticas implementadas a nivel internacional en la materia.

Ante lo urgente de la situación, no podemos dejar de reflexionar sobre el futuro ambiental y climático en nuestro país y preguntarnos: ¿qué efectos ecológicos implica la política energética actual?, ¿qué medidas está tomando el gobierno para combatir el cambio climático? y ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanía? Estas preguntas, fundamentales para el futuro de México, son las que nos proponemos responder a continuación.

Diagnóstico de los efectos del cambio climático en México

Sabemos que los riesgos por el cambio climático en México son considerables. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) - un organismo del Estado mexicano - estima que 480 municipios del país (el 20% del total) tienen un nivel alto de vulnerabilidad al cambio climático.² Asimismo se calcula que  el 68% de la población (alrededor de 85 millones de personas) y el 71% de la economía nacional serán afectados por la crisis climática.³

Los factores de riesgo en estas regiones son múltiples: 60% del país es afectado por ciclones tropicales, los cuales aumentarán en intensidad⁴; 26% del territorio nacional sufre ya los estragos de la desertificación, afectando numerosas fuentes de empleo;⁵ y siete entidades federativas podrían perder hasta 40% de sus rendimientos en producción agrícola esencial⁶ ante el aumento de las sequías, las cuales ya afectan el 70% de la superficie territorial.⁷ Asimismo, y de acuerdo con diversos expertos, se espera la disminución de arrecifes y coral por el aumento de la temperatura y acidez en los océanos, la reducción de bosques y selvas, así como la pérdida de flora y fauna, ⁸ lo que afectará significativamente a múltiples actividades económicas.

En este contexto de creciente afectación ambiental, inevitablemente  enfrentaremos incrementos en los costos en salud, los cuales de por sí ya son altos: al año se gastan 9.9 mil millones de pesos en la atención de enfermedades asociadas a la contaminación ambiental. Además, la contaminación del aire se encuentra entre las principales causas de muerte, ocasionándole la muerte a 49 mil personas al año, como mencionamos en estudios pasados⁹. Aunque la urgencia de disminuir la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) resulta evidente que, el gobierno está impulsando una política energética basada en los combustibles fósiles e, inclusive, recientemente declaró que no alcanzará las metas acordadas en el Acuerdo de París, las cuales contemplan que el 35% de la energía generada en el país provenga de energías limpias.¹⁰

Políticas ambientales en México

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024) -donde se plantean las metas y principales objetivos del gobierno- no se menciona el cambio climático, pero sí las metas en materia energética: construir nuevas refinerías, rehabilitar las refinerías existentes y modernizar las plantas hidroeléctricas¹¹. La directiva es invertir en fuentes de energía que han demostrado ser altamente perjudiciales para el medio ambiente y que socavan los esfuerzos por encaminar al país en el uso de energías limpias¹². Por ejemplo, el Plan de Negocios 2021 - 2025 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no incluye proyectos de energías renovables sino hasta 2027.¹³

La falta de compromiso con las energías renovables y el medio ambiente también se evidencia al analizar el presupuesto destinado en la materia. Durante los últimos 5 años, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) ha  disminuido año con año los  recursos destinados a este rubro.¹⁴ De 2019 a 2021, el presupuesto para el ramo medioambiental se redujo en 3 mil millones de pesos, una caída de casi 10%; desde 2016, su  reducción ha sido de casi 50%.¹⁵ Para 2022, el PEF contempla un crecimiento del presupuesto asignado al medio ambiente de 27.5% con respecto al 2021, pero aún así seguirá siendo menor a lo que se destinó en 2016.¹⁶

Por otra parte, los cambios constantes de los dirigentes de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) han despertado incertidumbre en la gestión y el cuidado del medio ambiente, y más aún ante ciertos megaproyectos planeados para este sexenio cuyas afectaciones ambientales han sido señaladas de manera continua.¹⁷ Tan solo en los últimos dos años han ocupado el cargo tres secretarios, lo que la convierte en la secretaría con más cambios en lo que va del sexenio.¹⁸

De igual forma, se ha criticado la poca seriedad del gobierno mexicano ante su incumplimiento con diversos compromisos internacionales, como el Acuerdo de París y la Agenda 2030.¹⁹ Aunque México se comprometió a generar al menos 35% de su electricidad mediante métodos alternativos a los combustibles fósiles para 2024, en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2020 - 2034 admitió que no cumpliría con sus objetivos internacionales.²⁰

Asimismo, el gobierno ha impulsado otros programas de carácter social que han generado efectos negativos en el medio ambiente. Por ejemplo, se ha denunciado que el programa Sembrando Vida, que proporciona recursos e insumos a agricultores para incrementar la producción agrícola²¹, ha causado deforestación. Según el World Resources Institute en México, los municipios donde se aplicó el programa tuvieron pérdidas de 72,830 hectáreas de cobertura forestal.²²

Cabe mencionar que, además de no impulsar estrategias para combatir el cambio climático, el gobierno ha fallado en la protección de ambientalistas. México se ha convertido en el segundo país más inseguro para ser un activista medioambiental, ya que solo durante 2020 el 30% de los homicidios de ambientalistas a nivel mundial ocurrieron en México,²³ y 95% de estos no fueron procesados por la ley.²⁴

Política Energética y la propuesta de reforma 2021

El sector energético causa la mayor contaminación por emisiones de GEI en México, aportando el 64% de estas.²⁵

Por ello resulta crucial analizar y discutir los efectos que la reforma en materia de política energética puede tener en el medio ambiente y el combate al cambio climático.

Como acabamos de mencionar, las decisiones gubernamentales en este rubro han ido en contra de diversos compromisos internacionales, pues se ha priorizado la producción de combustibles fósiles y gasolina. Este tipo de combustibles conforman el 87% de la mezcla energética nacional, mientras que las energías renovables sólo constituyen el 6%.²⁶ A pesar de que el compromiso internacional es reducir el uso de combustibles fósiles para la producción de electricidad a 33% en 2050,<²⁷el gobierno mexicano ha propuesto una reforma energética en 2021 que promete incrementar el uso de petróleo y gas en vez de disminuirlos.

La reforma energética presentada recientemente ante el Congreso de la Unión propone que la Comisión Federal de Electricidad (CFE)  genere al menos el 54% de la energía que consume el país²⁸, a pesar de que produce principalmente en base a gas, carbón y combustóleo²⁹. Asimismo, propone eliminar los Certificados de Energías Limpias (CEL’s), lo que, junto con la disminución de la participación privada en el mercado energético, limitaría la inversión en energías limpias y retrasaría el cumplimiento de las metas internacionales de reducción de GEI³⁰ (esto asumiendo que la CFE tenga la capacidad de producir tal cantidad de energía por sí misma). También plantea medidas que alteran el mercado de energía al buscar que los órganos reguladores como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) se integren a la Secretaría de Energía y la CFE , haciendo al gobierno juez y parte del mercado energético nacional³¹. Finalmente, introduce el monopolio estatal en minerales considerados estratégicos, como el litio, el cual resulta fundamental para la transición energética.

En suma, como señala el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la iniciativa de reforma energética genera un monopolio estatal enfocado en la producción de la CFE, producción que no resulta ni limpia ni rentable.³² La reforma representa un claro retroceso para los esfuerzos de liberalizar el sector energético, llevar a cabo la transición energética y combatir eficazmente el cambio climático que nos afecta a todos.

Conclusiones

Planificar medidas para reducir el cambio climático en México debería ser prioritario, no solo porque la configuración geográfica de desiertos, selvas y costas marinas puedan ser gravemente afectadas, sino porque la población más vulnerable por los efectos del cambio climático es aquella en situación de pobreza, es decir, 55.7 millones de mexicanos/as.³³ Por ejemplo, familias que dependen de la agricultura como actividad económica y como fuente de autoconsumo podrían perder su fuente de ingresos y alimentos.³⁴

Por otra parte, 35 mil hogares mexicanos no cuentan con acceso a fuentes de energía confiables y seguras³⁵. Es necesario hacer cambios en la política energética para eliminar la pobreza energética de manera sustentable, sin poner en riesgo al medio ambiente. Existen múltiples alternativas al uso de combustibles fósiles en la producción de energía, las cuales son más eficientes y menos contaminantes. Sin embargo, la política energética actual favorece el uso de energías no renovables y, al hacerlo, contradice la ley de Transición Energética que obliga al país a transicionar a la descarbonización haciendo uso de energías limpias.³⁶ Además, la nueva reforma implicaría el aumento de entre 26% y 65% de las emisiones de carbono, a la par del aumento de los costos de generación de electricidad, calculados entre 32% y 54%.³⁷

Mientras que países como China e India- los cuales tienen algunas de las tasas más altas de emisión de GEI - redoblan sus esfuerzos por combatir el cambio climático con medidas como el incremento en los recortes de emisiones permitidas y la inversión en energías renovables,³⁸ México se encuentra entre los pocos países que están caminando en sentido contrario. Como lo señala la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cambio climático es una problemática global que para solucionarse requiere de la participación de todos los países. Las medidas que recomienda el más importante organismo internacional son inversiones en energías verdes y limpias,  finalizar los subsidios a los combustibles fósiles, fijar un precio a la contaminación por carbono y detener la construcción de centrales eléctricas de carbón u otros recursos no renovables.³⁹

Como ciudadanía, nuestra responsabilidad con el medio ambiente se refleja en dos esferas: la acción personal y la demanda hacia nuestros gobiernos. Cambiemos nuestros hábitos de consumo y  exijamos a nuestros representantes políticos medidas de fondo para combatir el cambio climático. No hay tiempo que perder: de lo que hagamos hoy dependerá nuestro futuro y el futuro de generaciones por venir.